El apagón provocado para reprimir obreros, estudiantes y sindicalistas

En julio de 1976, una compañía eléctrica argentina provocó un apagón para que los militares pudieran salir a cazar obreros, sindicalistas y estudiantes de izquierdas.

¿Se imaginan que una empresa eléctrica como Endesa, Unión Fenosa o Iberdrola decidiera una noche cortar el suministro eléctrico de una localidad española para facilitar a los militares las tareas de allanamiento de viviendas y secuestro de sus moradores? Eso fue exactamente lo que sucedió en julio de 1976 en la provincia de Jujuy. Una página infame de la historia argentina que demuestra los vínculos de las oligarquías económicas con la dictadura de la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, y justifica que los grupos de Derechos Humanos argentinos reclamen que se denomine a la dictadura de 1976 como Dictadura cívico militar eclesiástica, por la implicación que tuvieron en ella el sector económico, el estamento religioso y los militares.

Trabajadores del ingenio Ledesma en 1910. (Foto: Archivo General de la Nación).

Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy, es el nombre que lleva en la actualidad la ciudad de Ledesma, llamada así por la empresa propietaria de ingenios de azúcar, una planta eléctrica y otras fábricas. La omnipresencia de Ledesma en la vida del lugar hacía que los hospitales, los supermercados, los cines, los bares e incluso el cementerio fueran también propiedad de la compañía. Eso provocaba que, cualquier movimiento social, sindical o político de izquierdas, fuera visto como una amenaza para los propietarios de la empresa, que se manejaban como verdaderos señores feudales.

Miembros de la familia Blaquier junto a un grupo de indios que vivían en los terrenos de sus plantaciones de azúcar.

Nunca en su vida la familia Blaquier, propietarios de Ledesma, habían pagado impuestos en la ciudad. De hecho, cuando Luis Arédez, el intendente, intentó obligarles, se negaron. No era la primera vez que los Blaquier habían tenido problemas con Arédez. De profesión médico además de intendente, Arédez había sido despedido de su puesto como médico de la empresa porque los propietarios consideraron que recetaba demasiadas medicinas a los empleados.

Esos roces con la propiedad hicieron que Arédez fuera uno de los desaparecidos cuando, los 20 y 27 de julio de 1976, se produjeron sendos apagones en Ledesma. Cuando el día 20 se fue la luz, todo el mundo pensó que se trataba de una avería más y, al ver que no regresaba el suministro, algunos vecinos se fueron a dormir. Sin embargo, poco después se escucharon ruidos de disparos, de automóviles que circulaban a gran velocidad y frenazos bruscos. A continuación, se oyeron ladridos de perro y movimientos de tropas de la Gendarmería Nacional, del ejército e incluso de los capataces de la empresa Ledesma, que comenzaron a golpear las puertas de las casas para echarlas abajo, detener a sus moradores y subirles a camiones que también fueron prestados por la compañía.

Obreros de Ledesma a la salida de la fábrica hacia 1930.

Se calcula que varios centenares de personas, entre obreros, estudiantes y sindicalistas, fueron detenidas la noche del día 20. La gran mayoría fueron trasladadas a la comisaría número 41, que estaba situada en el propio recinto del ingenio Ledesma, y a los galpones en los que se guardaba la caña de azúcar. Después de ser sometidos a interrogatorios y torturas, los detenidos fueron liberados en los días siguientes aunque, a día de hoy, alrededor de una treintena de personas continúan desaparecidas.

El martes 27 de julio de 1976, volvió a producirse un nuevo apagón con consecuencias muy semejantes a las del día 20. Se detuvo a varios centenares de personas, hasta sumar más de cuatrocientas entre las dos fechas, y aunque la participación de Ledesma estuvo más que probada, ni la familia Blaquier ni otros responsables de la compañía fueron condenados por esos hechos.

Imagen de la represión en Jujuy.

Aunque en 2012 Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, propietario y gerente de la fábrica en 1976, fueron procesados, en 2015, con el cambio de gobierno en la Argentina que también supuso un cambio en la política sobre la reparación de los abusos ocurridos durante la dictadura, los acusados fueron absueltos. Si bien se dio por probado que Ledesma aportó vehículos para los secuestros, el tribunal consideró que no hubo dolo porque aceptó como buena la declaración de Blaquier y Lemos, que afirmaron desconocer cuáles eran los fines para los que se iban a usar sus camiones. Por lo que se ve, a la denominación de Dictadura cívico militar eclesiástica tal vez habría que añadir el término de judicial.

Cartel reclamando que la familia Blaquier responda ante la justicia por su complicidad con la dictadura.